Si Madrid y Barcelona lo hacen, ¿por qué no Valladolid, Alicante o Córdoba?
Cuatro mandatos de alcalde en la misma ciudad no es democracia, es oligarquía municipal.
Ningún evento financiado con fondos públicos debería usar vajilla o envases de plástico desechable.
Entender qué es el Estado, la democracia o los derechos civiles debería ser obligatorio antes de votar por primera vez.
El voto electrónico solo es legítimo si cualquier ciudadano puede auditarlo.
Cuidar a un familiar dependiente es un trabajo invisible que destruye carreras y pensiones.
Un libro es un libro, independientemente del soporte. El tipo superreducido debe aplicarse a ambos.
En 2026 todavía hay trámites que exigen desplazamiento físico y firma en papel. Eso no es admisible.
Limitar el alquiler en zonas de alta demanda es la medida más directa para frenar la especulación inmobiliaria.
Cualquier edificio construido a partir de 2027 debería generar parte de su propia energía.
Los ayuntamientos deberían poder implementar rentas básicas locales sin esperar al Estado.
La jornada partida lastra la conciliación familiar y genera desigualdad educativa.
Ninguna calle mayor de 20m debería carecer de infraestructura ciclista segura.
Hay más viviendas vacías en España que personas sin hogar. Algo falla en el sistema de incentivos.
Si un algoritmo decide si cobras una prestación o si tu solicitud pasa al siguiente nivel, tienes derecho a saber cómo funciona.
Los solares municipales sin uso deberían convertirse en huertos gestionados por la comunidad.
El acceso a internet debe ser un derecho garantizado, no un privilegio de mercado.
Ningún ciudadano debería esperar más de 2 días para ver a su médico de cabecera.
Análisis de lo que ocurrió realmente cuando se aplicó el tope de alquiler en Cataluña.
Pasar de regular un sector a trabajar para ese sector debería tener consecuencias legales.